En los primeros años de la industria nuclear estadounidense, la Comisión de Energía Atómica (AEC) era favorable a la tecnología innovadora y optimista respecto a la capacidad de la energía nuclear para abastecer el futuro.

Sin embargo, un incidente menor permitió que el movimiento antinuclear lograra sustituir a la AEC por la Comisión Reguladora Nuclear (NRC), cuyo mandato pasó de promover el uso de la energía nuclear a proteger a los estadounidenses de la radiación nuclear. Este enfoque se adelantó a la estrategia del presidente Obama para llevar a la bancarrota a la industria del carbón: regulaciones destinadas a encarecer tanto los reactores nucleares que cualquiera que intentara apostar por la energía nuclear acabaría en quiebra.

En mayo, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva solicitando reformas profundas en la NRC, cuya estructura y dotación de personal actuales —según afirmó— están “desalineadas con la directiva del Congreso de que la NRC no debe restringir indebidamente los beneficios de la energía nuclear”. Trump quiere una NRC que promueva la tramitación acelerada de las solicitudes de licencia y la adopción de tecnologías innovadoras.

Una de las tácticas utilizadas por la NRC es cobrar 300 dólares por hora a los solicitantes por la revisión de sus expedientes. Combinado con una capacidad casi quirúrgica para “descubrir” defectos graves por separado, el proceso de la NRC añade costos directos e indirectos que desincentivan a los solicitantes.

Las unidades 3 y 4 de Vogtle, en Georgia —los únicos dos reactores nuevos construidos en Estados Unidos en el siglo XXI—, debían costar unos 14.000 millones de dólares desde el diseño hasta la entrada en operación, pero terminaron costando 36.800 millones de dólares, más los ingresos perdidos debido a las aprobaciones retrasadas. El proceso de autorización de la unidad 2 de Watts Bar, en Tennessee, que comenzó a operar en 2016, se inició en 1972.

La Casa Blanca considera que el personal de la NRC ha ignorado los graves costos internos y geopolíticos de una aversión al riesgo excesiva, incluidos modelos de seguridad que, sin una base científica sólida, afirman que no existe un umbral seguro de exposición a la radiación. Esto obliga a las plantas nucleares a protegerse frente a niveles de radiación inferiores incluso a los que se producen de forma natural.

Aunque aplaude el objetivo de la Casa Blanca de reactivar un renacimiento nuclear, el defensor de la energía nuclear Steven Curtis sostiene que poner vino nuevo en odres viejos —es decir, introducir nuevas ideas en el marco regulador actual de la NRC— es una receta para el fracaso. También lo es destinar fondos federales a nuevas empresas nucleares en lugar de simplemente eliminar las barreras regulatorias y dejar que el mercado determine ganadores y perdedores.

Hoy en día, afirma Curtis, entre 60 y 70 empresas privadas dedicadas a diseños nucleares avanzados acumulan inversiones de capital superiores a los 20.000 millones de dólares, pero las regulaciones bajo las cuales deben obtener aprobación tanto para la construcción como para la operación están atrapadas en una maraña de burocracia.

Las normas de la NRC exigen que las instalaciones nucleares, al igual que las operaciones mineras, reserven fondos estimados para el desmantelamiento del reactor y el almacenamiento a largo plazo de los residuos nucleares. Nadie ha resultado siquiera herido por un accidente nuclear en Estados Unidos, y sin embargo ni la industria del petróleo y el gas, ni las instalaciones eólicas y solares, ni ningún otro sector estadounidense está sometido a una sobrerregulación tan rígida.

Reducir los plazos de concesión de permisos para reactores nucleares es un paso en la dirección correcta, dice Curtis, pero por sí solo no hará que el costo de la energía nuclear sea competitivo. Existe una solución —afirma— capaz de transformar una factura de 50.000 millones de dólares por el almacenamiento de residuos nucleares en un beneficio de un billón de dólares: promover el reciclaje (no solo el reprocesamiento) del combustible nuclear gastado en reactores rápidos y diseñar y construir reactores capaces de convertir ese combustible reciclado en electricidad abundante y barata.

Todos los reactores nucleares activos en Estados Unidos son reactores de agua ligera, en los que solo alrededor del 3 % del material fisionable se utiliza para generar electricidad. Los reactores franceses son de diseño similar, pero envían el combustible nuclear gastado a reprocesamiento, lo que permite un aumento del 25 % al 30 % en la producción de energía.

Antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022, Francia enviaba su combustible nuclear gastado a la planta de Seversk, en Siberia. Desde entonces, EDF —la empresa que opera el parque nuclear francés— ha considerado establecer una planta de conversión en Europa Occidental, pero por ahora el combustible gastado permanece almacenado.

Los reactores rápidos actuales de generación IV y V, incluidos los reactores de sales fundidas, pueden diseñarse para quemar la mayor parte del 95 % restante (el 1 % se convierte en plutonio) de lo que Curtis denomina “combustible nuclear ligeramente usado” (SUNF, por sus siglas en inglés), siempre que sea reciclado (y no solo reprocesado).

Si Estados Unidos adoptara un reciclaje auténtico del combustible nuclear, sostiene Curtis, el costo de la electricidad generada por energía nuclear podría reducirse de forma drástica. Primero, porque permitiría utilizar casi todo el combustible de uranio para generar electricidad; segundo, por la reducción significativa tanto de la cantidad como de la vida media de los residuos nucleares restantes, e incluso podría poner fin a la búsqueda de soluciones de enterramiento profundo.

El dato sorprendente es que, en Estados Unidos, tanto el reprocesamiento como el reciclaje son legales.

La propaganda antinuclear, el sistema arcaico de concesión de licencias de la NRC y el miedo público alimentado por los medios de comunicación son los principales obstáculos para esta tecnología revolucionaria. La financiación de las actuales empresas nucleares emergentes podría convertirse en una avalancha de capital si los inversores tuvieran la certeza de que los reactores que están diseñando no necesitarían licencias de la NRC y de que su combustible SUNF podría gestionarse adecuadamente.

Uno de los métodos de reciclaje real del SUNF es el piroprocesamiento, en el que las barras de combustible gastado se cortan en pequeños fragmentos, se trituran hasta convertirlas en un polvo y se disuelven en un baño de sales fundidas. Al aplicar una corriente eléctrica, el uranio y los elementos transuránicos se depositan en un electrodo y se recogen en forma de lingote metálico. Este “combustible” puede luego introducirse en un reactor rápido.

El Laboratorio Nacional de Argonne operó con éxito durante 30 años un sistema de reactor y reciclaje de este tipo utilizando el reactor rápido refrigerado por sodio Experimental Breeder Reactor, de 20 MWe. En abril de 1986, los científicos realizaron dos simulaciones extremas de fallo para probar la seguridad del sistema, que superó ambas con excelentes resultados. En los dos casos, el reactor se apagó sin sufrir daños y se reinició rápidamente para operar con normalidad.

Aunque el proyecto fue cancelado en 1994 y desmantelado por razones políticas, el Departamento de Energía planea ahora construir un reactor de pruebas similar, utilizando los mismos conceptos, para determinar con mayor precisión los costos previstos de los actuales diseños de reactores modulares pequeños (rápidos), que también son intrínsecamente seguros.

Para comercializar este proceso, científicos del laboratorio Argonne propusieron en 2012 invertir 500 millones de dólares en una instalación con capacidad para procesar 100 toneladas por año (tpa), capaz de abastecer una central eléctrica de reactor rápido de 1 GW. También existe un concepto de diseño para una instalación comercial a gran escala de 2.000 tpa, con un costo proyectado de 7.000 millones de dólares. Sobre la base de las tarifas cobradas al Departamento de Energía por el reprocesamiento del SUNF, dicha instalación debería generar un beneficio anual mínimo del 18 %.

Curtis cree que adoptar plenamente el reciclaje del SUNF y construir reactores capaces de utilizar combustible nuclear reciclado permitiría aprovechar la mayor parte de los 50.000 millones de dólares que actualmente existen en el Fondo del Congreso para Residuos Nucleares, con el fin de poner en marcha una iniciativa privada que convierta el SUNF en hasta un billón de dólares en combustible nuclear reciclado.

Si la NRC, los medios de comunicación y los promotores del miedo hubieran comprendido en 1986 que el reciclaje no solo era posible sino rentable, Estados Unidos podría contar hoy con multitud de reactores rápidos quemando SUNF y suministrando electricidad a los ciudadanos y a la industria por unos pocos centavos por kilovatio-hora. Por ello, Curtis considera que la NRC —y las subvenciones federales que atan a las empresas a diseños de reactores determinados por la burocracia— deben desaparecer.