Se espera que el administrador de la EPA de Trump, Lee Zeldin, anuncie hoy que eliminarán los límites establecidos para la “contaminación climática” de las centrales eléctricas de Estados Unidos. Naturalmente, los burócratas del Monstruo se opondrán a esto ante los tribunales de todas las formas posibles. Pero aquí hay algo mucho más importante en juego que simplemente los precios de la electricidad en Estados Unidos. De alguna manera, unos funcionarios de escritorio a los que ustedes no votaron han pasado de inspeccionar chimeneas a elegir las centrales eléctricas de Estados Unidos y rediseñar su parque automotor, y quizá algún día incluso a prohibir sus hamburguesas. (Ya saben que quieren hacerlo).

Lo que más teme el Monstruo en este caso es que, si Trump puede derogar estas normas de la EPA y los tribunales determinan que la Ley de Aire Limpio nunca autorizó dichas normas en primer lugar, los futuros presidentes ya no podrán devolverle a la EPA sus días de gloria (ni a ninguna de las otras agencias burocráticas que se han atribuido poderes desproporcionados). Todo esto parecería poco probable, pensarían ustedes, en una democracia, pero el verdadero problema es que ese caso judicial podría dejar al descubierto que la EPA nunca tuvo derecho a ejercer poderes tan amplios y de semejante alcance.

Arsénico

La agencia creada para impedir que el arsénico se filtrara a los ríos fue ampliando gradualmente sus atribuciones hasta convertirse en planificadora nacional de la electricidad, diseñadora de vehículos, árbitro de los humedales y termostato de la atmósfera. Últimamente, la EPA utilizó la Ley de Agua Limpia para intentar obligar a los agricultores a solicitar permisos, por si acaso cada parcela de terreno empapada pudiera considerarse un humedal protegido por el gobierno federal. La Corte Suprema frenó ese intento.

Los factores que afectan la competitividad o la seguridad nacional de Estados Unidos son, obviamente, demasiado importantes como para que sean administrados por pequeñas agencias que se han atribuido poderes desproporcionados y padecen delirios de grandeza (especialmente aquellas cuyos funcionarios los votantes no pueden destituir mediante su voto).

La cuestión central es si el Congreso nunca otorgó a la EPA la autoridad para transformar la economía estadounidense y destruir industrias con el fin de controlar el clima de la Tierra. (O, en este caso, para fingir que lo hace). Por lo tanto, ante una impugnación, la Corte Suprema podría determinar que es el Congreso el responsable de establecer las normas del país, no la EPA.

Pero qué derrota tan devastadora para los cleptócratas: quizá ya no puedan encontrar poderes de billones de dólares escondidos entre las comas de leyes de hace 50 años.

Del New York Times: Se espera que la EPA elimine los límites a la contaminación climática de las centrales eléctricas

Por Maxine Joselow y Lisa Friedman, New York Times

La administración Trump planea anunciar el lunes que Estados Unidos dejará de limitar la contaminación que calienta el planeta y que las centrales eléctricas liberan a la atmósfera al quemar carbón y gas, según dos personas familiarizadas con la propuesta.

El cambio por parte de la Agencia de Protección Ambiental completaría la eliminación, por parte de la administración, de las políticas climáticas más trascendentales de los presidentes Joseph R. Biden Jr. y Barack Obama. Si la medida supera las impugnaciones legales previstas, también podría impedir que futuras administraciones regulen las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas.

A principios de este año, la EPA eliminó las normas sobre gases de efecto invernadero para los tubos de escape de los automóviles y flexibilizó las restricciones sobre sustancias químicas que calientan el planeta utilizadas en aires acondicionados y refrigeradores. Pero, lo más importante, la agencia revocó la determinación científica que le había otorgado la autoridad legal para crear regulaciones climáticas en primer lugar.

La agencia planea argumentar el lunes que los gases de efecto invernadero provenientes de las centrales eléctricas no representan un peligro para la salud humana ni para el medio ambiente y, por lo tanto, carece de autoridad legal para regular estas emisiones en virtud de la Ley de Aire Limpio, según las personas familiarizadas con el asunto. Si los tribunales confirman este argumento, podría impedir que futuras administraciones restablezcan las restricciones.

Biden

La administración Biden introdujo “normas climáticas” para las centrales eléctricas en 2024. Los nuevos límites al dióxido de carbono habrían significado que las centrales de carbón y gas tendrían que instalar sistemas de “captura de carbono” capaces de capturar el 90 % de las emisiones, o algo equivalente. Estas opciones son obscenamente costosas y, en la práctica, las habrían llevado a la quiebra. ¿Y para qué beneficio? ¿Un fin de semana menos en la playa en el año 2102?

La industria del carbón se había quejado de que las restricciones a las emisiones de la era Biden eran costosas e inviables. Había previsto que muchas centrales de carbón cerrarían en lugar de gastar miles de millones de dólares en nuevos controles de contaminación.

El equipo de Trump está tardando años en desmantelar la revolución burocrática que ha ido avanzando por las instituciones.

El problema ha tardado décadas en construirse, por lo que deshacerlo es un proceso lento. El proceso para desmantelar el exceso de atribuciones de la EPA comenzó en 2017, cuando Trump empezó a nombrar a tres jueces para la Corte Suprema. Para 2022, cuando West Virginia se enfrentó a la EPA, ya había suficientes posturas conservadoras en la Corte Suprema como para invocar y consolidar lo que llegó a conocerse como la Doctrina de las Cuestiones Mayores, que es fundamental para limitar a los burócratas. Es una filosofía que vuelve a poner la carga sobre las agencias para que demuestren exactamente dónde les otorgó el Congreso poder sobre asuntos importantes, como el tipo de automóviles que pueden conducir los estadounidenses o qué centrales eléctricas pueden utilizar.

Vago

Estas pequeñas agencias asumían que tenían esos poderes, pero se basaban en la interpretación de leyes amplias y vagas para dar a entender, con un salto tras otro, que debido a que controlan la contaminación del aire, podían obligarte a pagar 20 000 dólares más por un automóvil, 5 000 dólares más por la electricidad y llevar a industrias enteras a la quiebra. Y esto se aplicaba incluso si China fabricaba los automóviles “ecológicos” utilizando energía generada con carbón y los cálculos del IPCC demostraban que eso no suponía ninguna diferencia medible en la temperatura. Los costos son absurdos, e incluso los demócratas admiten que los estadounidenses nunca habrían votado a favor de ello.

La Doctrina de las Cuestiones Mayores sostiene, en esencia, que si el Congreso hubiera querido que la EPA estuviera a cargo de la política de transporte, lo habría dicho explícitamente, en lugar de esconder un elefante en un agujero de ratón. Esto significa que el Congreso seguirá teniendo la libertad de ceder a la Agencia de Protección Ambiental su poder sobre estos asuntos, pero para hacerlo será necesaria una ley del Congreso con una legislación explícita. Eso es mucho más difícil que simplemente asumir el poder mediante una interpretación creativa de las leyes.

La EPA simplemente había decidido que podía regular prácticamente cualquier cosa relacionada, aunque fuera por seis grados de separación, con el dióxido de carbono.